La educación superior en América Latina tiene una marca fuerte: no se puede desvincular de la búsqueda de la movilidad social y la superación de la pobreza. Aun así, es necesaria, en los países que conforman esta extensa parte del continente americano, la perspectiva de promover instituciones de educación superior que inviertan en investigación, enfocadas en una visión de desarrollo integral. Estas ideas permearon las intervenciones de los participantes del panel Hacia CRES+5: Universidad y políticas de Estado, que inauguró el seminario Universidad – Sociedad – Estado: Hacia CRES+5: Desarrollo social, integración regional y el rol de las universidades, en la mañana este lunes 5 de junio en la UFMG.
Este evento es fue promovido por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), en el marco del LXXXIII Consejo de Rectores y Rectoras. La discusión que abrió el evento se centró en las experiencias de los países de América del Sur: además de Brasil, representado por la secretaria de Educación Superior del Ministerio de Educación, Denise Pires de Carvalho, se discutieron casos de Argentina y Chile, países representados, respectivamente, por Oscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias, y Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior. Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc), institución que impulsa la Conferencia Regional sobre Educación Superior (CRES+5), que se realizará del 13 al 15 de marzo en Brasilia.
Responsable de la coordinación del panel, la rectora Sandra Regina Goulart Almeida destacó la satisfacción de ser sede, en la UFMG, de uno de los eventos preparatorios para la próxima CRES+5. “A lo largo del día tendremos conferencias importantes, para señalar valores que son sumamente importantes para nuestras instituciones. Es un placer organizar este evento, el primero de muchos debates preparatorios que tendremos antes de la conferencia en Brasilia el próximo año. Y el primer evento en el que reunimos a los secretarios de educación superior de Brasil, Argentina y Chile”, celebró.
Francesc Pedró, director de Iesalc, entidad organizadora de CRES+5, agradeció el apoyo de las autoridades en la preparación de la jornada. “Los debates de hoy son una magnífica oportunidad para decidir qué prioridades deben imponerse en la agenda de los gobiernos latinoamericanos para la educación superior en los próximos años”, dijo. “La agenda de la Unesco es completamente abierta y nuestro único interés es servir de plataforma para que se produzcan estas discusiones”, agregó.
Preguntas sin respuesta
Según Pedró, el tema de la mesa, la relación entre universidades y políticas de Estado, “inaugura una serie de interrogantes para los que en el Iesalc no tenemos respuesta”. Para él, la primera pregunta que debe hacerse es “si existe un concepto latinoamericano de universidad que sea genuinamente diferente al concepto imperante a escala internacional”, ya que, al examinar la realidad latinoamericana, se percibe una “Escolarización de Educación Superior”.
“La perspectiva que parece caracterizar al mundo latinoamericano es la que considera que la educación superior es fundamentalmente educación. De las 13.000 a 14.000 instituciones que se autodenominan educación superior en América Latina, es posible que alrededor del 10%, desde un punto de vista internacional, puedan llamarse universidades. La diferencia fundamental está en el volumen de actividades y recursos dedicados a la investigación”, dijo Pedró.
Educación y ascenso social
En Brasil, la relación entre acceso a la educación superior y ascenso social es bastante evidente. Eso fue lo que Denise Carvalho, Secretaria de Educación Superior del Ministerio de Educación de Brasil, destacó en su discurso, con base en datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicados en 2017. En ese momento, más de la mitad de las personas que percibieron más de dos salarios mínimos, aún incipientes, declararon tener algún grado.
“Esto demuestra que nuestro desafío es enorme, principalmente porque existe una relación muy estrecha entre la educación superior y los salarios de las personas. En nuestro país, uno de los factores que brindan mayor movilidad social es el acceso y la permanencia en la educación superior. A través de ella podemos promover la movilidad y así reducir la desigualdad y la pobreza”, dijo.
Con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) – organismo intergubernamental con 38 países miembros, fundado en 1961 para estimular el progreso económico y el comercio mundial – Denise Carvalho demostró la necesidad de que Brasil continúe ampliando su red de universidades instituciones federales , enfocándose también en los programas de posgrado (PPG).
“Aunque la producción científica brasileña hoy ocurre mayoritariamente en el sector público, nuestro número de matrículas en la educación superior no deja al país ni siquiera cerca del promedio de la OCDE. Este promedio para personas de 55 a 64 años es ahora del 30%. En Brasil, solo el 15% de las personas en este grupo de edad tiene educación superior. Entre los jóvenes de 25 a 34 años, el índice de la OCDE es del 47%. En Brasil, son el 23%”, detalló.
Sector público vs iniciativa privada
Entre 2002 y 2023, recordó Denise Carvalho, Brasil fue testigo de un aumento significativo en el número de universidades federales. La expansión comenzó en 2002 y se interrumpió en los últimos años, bajo la dirección de Michel Temer y Jair Bolsonaro. Incluso con la expansión de la matrícula en la educación superior pública, el sector privado sigue siendo mayoritario. “Hoy en día, la oferta en el sector privado sigue siendo mucho mayor que en el sector público. Hay un 77% de matrículas, frente a un 23% en instituciones públicas municipales, estatales y federales”, puntualizó.
El Secretario de Educación Superior también abordó la diferencia de perfil entre las instituciones. “En Brasil, el sector privado, salvo excepciones, está compuesto por escuelas de formación profesional no asociadas a la producción de conocimiento. En el sector público, la educación superior está ligada a la generación de conocimiento, y nuestras instituciones son responsables del 95% de la producción científica en todo el país”, destacó.
En Argentina, el escenario es diferente, como lo muestra Oscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias del país y rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Allí, el sistema de educación superior tiene la mitad del sistema formado por instituciones privadas. Sin embargo, en cuanto al número de estudiantes, la situación es claramente favorable para las instituciones públicas, que absorben el 81% de las matrículas.
Internacionalización, inclusión y extensión
Oscar Alpa también destacó el crecimiento del número de estudiantes que ingresaron a la educación superior en Argentina entre 2012 y 2021: un salto del 39,7%. En el mismo período, la población del país creció un 9%. El secretario finalizó su exposición exponiendo algunos puntos de la política que desarrolla la Secretaría de Políticas Universitarias con las instituciones de educación superior.
Alpa dijo que la pandemia permitió repensar los formatos en las modalidades de enseñanza y aprendizaje. “También hemos buscado reconocer el perfil de los ingresantes para potenciar las prácticas pedagógicas, la calidad educativa y la permanencia en la educación superior”, dijo. Otros temas destacados por el secretario fueron la búsqueda de una internacionalización más inclusiva, la certificación de la calidad docente y la curricularización de la extensión, que comenzaron a incorporarse en los planes de estudio.
“Otro aspecto importante de esta política es la carrera investigadora universitaria. Buscamos institucionalizar la figura del investigador universitario, contemplando la docencia y la extensión”, informó. “Estamos trabajando con el sistema universitario argentino para consolidar una universidad que sea un actor clave en el desarrollo económico y el progreso social del país”, agregó Oscar Alpa.
Completando el trío de representantes de las secretarías de educación superior, el Subsecretario de Educación Superior de Chile, Víctor Orellana, inició su aporte abordando problemáticas que, según él, son comunes a todos los países latinoamericanos en la construcción y relación con sus universidades y universidades. instituciones educativas. “Antes que nada, es necesario pensar: ¿por qué nuestros países constituyen educación superior?”, preguntó.
“En Chile entendemos que nuestras instituciones juegan un papel en la construcción nacional de la República. El gran problema de nuestro país es el desarrollo, y entendemos que la universidad latinoamericana tiene la misión de ser constructora de la sociedad moderna a favor del desarrollo de nuestros países, de ahí la importancia de la extensión para nuestras instituciones”, reflexionó.
Retomando la discusión sobre el papel de las universidades en la movilidad social, Víctor Orellana afirmó que tal concepción de las instituciones, cuando excluyente, implica una visión no enfocada al desarrollo integral. “Esta concepción, fuerte en América Latina, abre espacio para el sector privado, que ve en el esfuerzo de superación de la pobreza su posibilidad de acción. Como resultado, muchas veces se pierde la conexión entre educación superior y desarrollo, destacando la relación entre educación superior y movilidad social”, señaló.
Tal concepción, según Orellana, termina afectando las políticas de educación superior en la región. “Con la expansión a través del sector privado, la tendencia es racionalizar un sistema fragmentado, culminando en una política autorreferencial: la educación superior pensada para la educación superior misma”, advirtió. Según el subsecretario, tales políticas incluyen el “uso y abuso de rankings” y un sistema basado en numerosos índices y presiones para su publicación.
Hugo Rafael / Texto / UFMG
Foca Lisboa / Fotos / UFMG