La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), red conformada por 34 universidades públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; manifiesta por este medio su profunda preocupación y rechazo ante las acciones violentas y violatorias de los derechos individuales y de la autonomía universitaria, dirigidas sobre autoridades de instituciones públicas de Educación Superior de Brasil.
La reciente conducción en forma coercitiva de las autoridades de la Universidad Federal de Minas Gerais sin previa intimación y con un innecesario despliegue de las fuerzas de seguridad, es una desconsideración a los derechos individuales consagrados en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, a la vez que un modo operativo reiterado por varias veces durante 2017, descalificante de las universidades federales brasileñas.
Estos episodios altamente mediatizados -que terminan sin juicios condenatorios definitivos- nos recuerdan a épocas oscuras de nuestra región, cuando las garantías individuales fueron suprimidas; a la vez de alertarnos del peligro que se cierne sobre la Educación Superior pública de la región.
AUGM fundada en 1991 con el propósito de defender la Educación Superior pública y a poco de celebrar el centenario de la Reforma de Córdoba -hito que simboliza la conquista de la autonomía de la universidad latinoamericana- alerta sobre la situación que referimos convencidos de que se pone en cuestión la permanencia de principios irrenunciables de éstas instituciones clave para reducir las asimetrías sociales y fortalecer -a través de la producción de conocimiento pertinente y de calidad- aquellos sectores más postergados y el desarrollo de nuestras naciones.
La AUGM –finalmente– se solidariza con las comunidades universitarias de las instituciones afectadas por este accionar arbitrario -todas ellas Miembro de la Asociación- y manifiesta por esta vía su repudio a este tipo de accionar por parte de las fuerzas de seguridad y los organismos de justicia de Brasil, y solicita a los poderes públicos del Estado brasileño el respeto más estricto de la autonomía universitaria.