El Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO emitió este martes 6 de abril un informe sobre el impacto de la pandemia actual generada por el Coronavirus SARS CoV2 en la Educación Superior del continente. El documento, aún en proceso, afirma que algunos de los impactos señalados “son, desafortunadamente, tremendamente importantes y aflorarán a medio y largo plazo”.
El trabajo titulado COVID-19 y educación superior. De los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones (IESALC, 2020), realizado para los distintos actores como para las instituciones y el sistema en su conjunto (incluida las universidades privadas), estima que el cierre temporal de las instituciones de Educación Superior afecta aproximadamente a unos 23,4 millones de estudiantes de educación superior (CINE 5, 6, 7 y 8) y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe.
«Esto representa, aproximadamente, más del 98% de la población de estudiantes y profesores de educación superior de la región (…) la suspensión de las actividades presenciales ha sido extremadamente rápida en la región: se inició el 12 de marzo en Colombia y Perú y, en cuestión de seis días, alcanzó a casi la totalidad de la población de estudiantes y docentes de educación superior de la región. El 17 de marzo ya se había llegado a una cifra de 21,7 millones de estudiantes y 1,3 millones de docentes afectados por los cierres temporales«, afirma el documento.
El trabajo señala que el impacto más inmediato ha sido sobre los estudiantes, que se han visto forzados a entrar en una dinámica no planificada de clases a distancia, que afecta su vida cotidiana, los costos y sus cargas financieras así como la continuidad de sus aprendizajes y la movilidad internacional. Quienes no hayan contado con una oferta de continuidad de calidad y con seguimiento individualizado, probablemente se irán desvinculando del ritmo académico y aumentando su riesgo de abandono del sistema.
En el caso de América Latina y el Caribe, entrar en una fase de estudios a distancia requiere de una alta tasa de conectividad de calidad. Sin embargo, tan solo uno de cada dos hogares está conectado. “La paradoja es que, a pesar de que las tasas de conectividad en los hogares son muy dispares, las tasas de líneas móviles son extremadamente elevadas y superan, en muchos casos, la cifra de una línea por persona. Esto es, sin duda alguna, una oportunidad que las instituciones de educación superior (IES) deberían aprovechar, centrando sus esfuerzos en soluciones tecnológicas y contenidos para su uso en teléfonos móviles“.
El acceso de los estudiantes a las tecnologías y plataformas requeridas para la educación a distancia (76%) y la propia capacidad real de las instituciones, en términos tecnológicos y pedagógicos, de ofrecer educación online de calidad (75%), deja por fuera a un 25% de estudiantes e instituciones. Muchas autoridades admiten que “el cambio de modalidad se hizo en una situación de urgencia imprevisible y que deberían, desde ya, planificar un próximo trimestre en docencia online con mayores apoyos pedagógicos y recursos, anticipando que la duración de la crisis vaya más allá de un trimestre“.
En este contexto, los profesores se constituyen como sector vulnerable, sobre todo en el caso de los contratados temporalmente o para materias prácticas, quienes corren el riesgo de quedarse sin trabajo por las características de sus empleos. Además, la brecha digital atenta contra la estabilidad de una mayoría que no cuenta con las herramientas y recursos para continuar con las clases en modalidad virtual.
En este entorno crítico entra en juego la sostenibilidad financiera de las IES privadas: “Los flujos de caja podrían no llegar, generando problemas de supervivencia financiera. Esto puede ser crítico para las universidades privadas que no puedan garantizar la continuidad docente en modalidad virtual. Es probable que estas deban suspender temporalmente el cobro de aranceles y que algunas cierren“.