Desde el Manifiesto estudiantil de Córdoba de 1918 hasta el enfrentamiento a la dictadura en el pasado reciente, el papel de las universidades públicas de la República Argentina ha sido crucial para las reformas democratizadoras. Ese lugar se manifestó en las mismas instituciones, y a nivel de la sociedad en la resistencia a los autoritarismos, junto a la lucha por la reconquista y la consolidación de la democracia en el país y en la región hasta el presente.
La tercera y multitudinaria Marcha Federal realizada en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina el pasado miércoles 17 de septiembre, demuestra una vez más ese papel histórico. Un rol que no se limita al plano académico y científico, sino que trasciende a lo político y social. A través de un camino de resistencia pacífica, unitario con otros sectores de trabajadores y populares, las universidades argentinas han logrado frenar las políticas conservadoras, desfinanciadoras y privatizadoras de lo público. Todas impulsadas por un gobierno que guía su ortodoxia por ideas negacionistas, anticientíficas y antiuniversitarias, que ha buscado desmantelar el sistema científico y universitario argentino, un ejemplo a nivel mundial.
La Marcha en contra el veto impuesto por el Presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento universitario fue precedida por distintas medidas de lucha. Autoridades docentes, estudiantes y trabajadores denunciaron reiteradamente la gravedad de la situación presupuestal por las universidades. Hacia la Marcha confluyeron también médicos, residentes y funcionarios de la salud del Hospital Garrahan, movilizados contra el veto a la declaratoria de Emergencia del Hospital pediátrico interpuesto por el Gobierno. La acompañaron los jubilados, que todas las semanas reclaman contra la infame disminución de sus jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales, junto a los obreros agrupados en las centrales sindicales del país.
Los justos reclamos acumulados de las universidades nacionales representadas en la conducción del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y sus autoridades, exigen un Presupuesto actualizado y aprobado por el Parlamento, que asegure los gastos de funcionamiento de las instituciones y la posibilidad de planificarlos. Esto implica atender la inclusión de una demanda estudiantil masiva sin perder la calidad académica y, sobre todo, tener salarios dignos para docentes y funcionarios, con condiciones de trabajo decente, que permitan detener las continuas renuncias del personal calificado. Dicha plataforma encontró un gran apoyo en la opinión pública y en la masiva concurrencia a la Marcha de la comunidad universitaria y de la población, que no se dejó atemorizar ante el despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad en torno al Congreso de la Nación.
La educación superior, la salud, la protección a la vejez y la ayuda a los grupos más vulnerables son demandas que ganaron la calle y que resultan esenciales para la estructuración de la sociedad y el fortalecimiento de una democracia inclusiva, el bienestar de la población y la solidaridad con los sectores involucrados. La conjunción de esas demandas y el apoyo social tuvieron en esta ocasión su correlato parlamentario en la votación de los representantes partidarios en el Congreso que, por muy amplia mayoría, lograron, por primera vez, denegar los vetos presidenciales, tanto para la educación como para la salud.
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y sus 51 universidades integrantes de siete países de la región se congratulan, y sienten como suya, la victoria alcanzada con el levantamiento del veto a la Ley de Financiamiento. A la vez se mantienen en estado de alerta ante ulteriores consecuencias negativas y la evolución de la grave situación que aún persiste para las universidades públicas, el sistema científico, sus investigadores y trabajadores.
Las universidades argentinas han sido fundadoras de AUGM y han representado siempre un sostén para el gobierno de la red, la realización de sus actividades anuales y el funcionamiento regular, con participación activa en todos los niveles organizativos, reuniones y eventos. Con su gran capacidad de iniciativa han contribuido al proceso de integración regional y a la construcción del espacio académico común en la región. El fortalecimiento actual de las universidades públicas argentinas y la superación de las dificultades constituyen, pues, una parte sustancial del aseguramiento de la misión y principios que orientan a la AUGM desde su fundación.
La causa democrática en la Argentina y en la región, pasa hoy por la defensa de sus universidades, el carácter público y gratuito de una educación superior de calidad. En la defensa del acceso irrestricto como un derecho humano universal que deben garantizar los Estados.
AUGM. 19 de septiembre de 2025